El DNU 5/3 que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo por la compra de 100 ómnibus para los servicios metropolitanos y rurales avanza en la Legislatura, pero con resistencia y posturas en contra. La comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó ayer el decreto de necesidad y urgencia que propone que la Provincia adquiera los coches por cotejo de precio, en el marco de la Ley de Emergencia en el Transporte (9.773), para entregarlos a las empresas a título oneroso. Pero no hubo unanimidad: se emitió un dictamen de mayoría, que contó con apoyo de la oposición, y un dictamen de minoría en rechazo de las formas.

El comité que preside Carlos Gallia dio dictamen al instrumento que envió el Ejecutivo, el cual debe ser ratificado o rechazado por la Cámara y no admite modificaciones. A pesar de que no hubo unanimidad y se emitieron dos dictámenes, el ex intendente de Lules declaró que hubo consenso en el encuentro. “La realidad es que hoy hay una necesidad en el transporte público”, señaló. Contó que ante sus pares avaló que la adquisición se realice por DNU y no de otro modo. “Hoy necesitamos con urgencia; antes de fin de año tener los colectivos en la calle funcionando”, desarrolló.

El Gobierno busca mayor aval para ratificar el DNU por la compra de 100 colectivos

Las explicaciones que brindó en la reunión de Labor Parlamentaria el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, aparentemente sirvieron para aclarar dudas de algunos parlamentarios de la oposición. Ocurre que al dictamen favorable de los oficialistas Gallia, Francisco Serra, Carlos Najar, Sandra Figueroa, y Hugo Ledesma se sumó Claudio Viña (Compromiso Tucumán), quien desde el inicio tuvo una postura crítica por las formas, pero coincidió en la necesidad. De modo disidente rubricó el dictamen de minoría el radical Manuel Courel (Cambia Tucumán).

De forma improvisada

El yerbabuenense presentó recientemente un proyecto de ley en rechazo del DNU. En cambio, propone que se faculte a los ministros Abad y Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos) a que llamen a licitación nacional por la adquisición de colectivos por $16.000 millones. Se insta a que las unidades se transfieran a título oneroso a las firmas, con prenda, y que se retengan fondos de las compensaciones para el pago en cuotas de los vehículos.

“Esto se está haciendo de forma improvisada”, criticó Courel en diálogo a este diario. Y desarrolló: “quiero que hagamos las cosas bien. Estamos de acuerdo en que hacen falta nuevos colectivos; acompañemos eso, pero lo hagamos bien. Puede haber demandas judiciales, son fondos públicos”.

Con votos divididos, la Legislatura acelera por el DNU de los 100 ómnibus

Gallia, con experiencia en un ejecutivo municipal, respaldó a Jaldo por su determinación de dar soluciones para el servicio. “A la gente no le va a interesar de qué manera compramos; quiere que sea un colectivo bueno, que vaya a horario y que llegue a destino. Eso se está priorizando”, dijo. Aclaró que si bien la compra será directa, se tomarán recaudos con pliegos con bases y condiciones, como si fuera una licitación para darle transparencia.

El DNU también sería tratado por la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte. Se estima que allí habría dictamen de mayoría y de minoría, ya que José Seleme (Valores para Tucumán) presentó un proyecto en rechazo del decreto junto a Silvia Elías de Pérez. También forma parte del comité el republicano Eduardo Verón Guerra, quien manifestó inquietudes sobre el instrumento.

El proyecto de crédito fiscal para una firma de transporte entró en un impase

Tras la reunión de Hacienda y Presupuesto, el presidente de la comisión, Carlos Gallia, indicó que la iniciativa para otorgar un importante crédito fiscal a la firma Transporte Fríos del Norte SRL no recibió dictamen y está en dudas para que sea parte del orden del día de la próxima sesión. “Entró en un impass. Vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones en la redacción del texto porque llevaba a la confusión”, declaró a la prensa. La iniciativa propone que se otorgue a la firma un reintegro del 30% de la inversión efectivamente realizada para la construcción de un centro logístico sostenible, con una inversión de U$S 15 millones.